Se entregar谩n m谩s de $50,000 millones en fondos de conciliaci贸n a miles de gobiernos estatales y locales. El dinero procede de empresas acusadas de inundar esas comunidades con analg茅sicos opioides que han dejado a millones de personas adictas o muertas.
Es una cantidad enorme de dinero: y los ingresos de una temporada de la NBA.
Pero la forma en que se repartir谩 esa cantidad y c贸mo se gastar谩 el dinero en el futuro parece estar rodeada de misterio. Los requisitos de informaci贸n son escasos y los documentos presentados hasta ahora son, a menudo, tan vagos que resultan in煤tiles.
La mayor铆a de los acuerdos estipulan que los estados deben gastar al menos el 85% del dinero que recibir谩n, en los pr贸ximos 15 a帽os, en el tratamiento y la prevenci贸n de adicciones. Pero la definici贸n de estos conceptos depende de las opiniones de las partes interesadas y de la pol铆tica estatal. Para algunos, puede significar abrir m谩s centros de tratamiento. Para otros, comprar autos patrulla para la polic铆a.
Los afectados por la epidemia de opioides y quienes trabajan para combatirla tienen ideas muy diversas. Para Marianne Sinisi, que perdi贸 a su hijo Shawn, de 26 a帽os, por sobredosis en el oeste de Pennsylvania, los fondos del acuerdo son “dinero manchado de sangre” que podr铆a evitar a otros padres sufrir un dolor similar. Para Steve Alsum, que trabaja con consumidores de drogas en Grand Rapids, Michigan, es una oportunidad de llegar por fin a todos los necesitados. Y para David Garbark, que se recupera de una adicci贸n a los opioides, es una forma de darles una segunda oportunidad a otras personas de su comunidad del este de Carolina del Norte.
Gastar el dinero de forma eficaz y equitativa es complicado, dada la persistencia y complejidad de la adicci贸n, que afecta a individuos y comunidades y es objeto de acalorados debates en la investigaci贸n cient铆fica, los servicios sociales, la pol铆tica, la justicia penal e incluso en los hogares.
Es m谩s, muchos estados no son transparentes sobre el destino de los fondos ni sobre qui茅n se beneficiar谩 de ellos. Una investigaci贸n realizada por KHN y Christine Minhee, fundadora de , concluy贸 que s贸lo 12 estados se han comprometido a informar p煤blicamente y con detalle de todos sus gastos.
, leyes y declaraciones p煤blicas para determinar c贸mo reparte cada estado el dinero de los acuerdos entre las agencias estatales, los gobiernos de ciudades y condados, y los consejos que supervisan los fideicomisos (trusts) dedicados al tema. El siguiente paso fue determinar el nivel y el detalle de los informes p煤blicos requeridos. El resultado: Pocos estados prometen informar de forma accesible para el ciudadano, y muchos guardan silencio sobre la cuesti贸n de la transparencia.
Hasta ahora m谩s de $3,000 millones a los gobiernos estatales y locales. KHN seguir谩 de cerca c贸mo se utiliza ese dinero y los miles de millones que llegar谩n en los pr贸ximos a帽os.
Seg煤n la mayor铆a de los acuerdos, los gobiernos s贸lo est谩n obligados a informar sobre el 15% del dinero que puede utilizarse para asuntos no relacionados con la epidemia, como compensar d茅ficits presupuestarios o arreglar carreteras viejas. Hasta el 28 de marzo, s贸lo tres estados y condados hab铆an presentado . Aunque indicaban las cantidades en d贸lares, ninguno precisaba c贸mo se hab铆a gastado el dinero.
Tanto gobiernos estatales como locales pueden promulgar protocolos de informaci贸n m谩s rigurosos 鈥攑or ejemplo, exigir una lista p煤blica de todos los lugares que reciben dinero y con qu茅 fin鈥, pero pocos lo han hecho hasta ahora.
A oscuras, desinformados
han muerto por sobredosis de opioides con receta, promocionados agresivamente como analg茅sicos y distribuidos por una serie de empresas, como Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, McKesson y Walmart. Los acuerdos pretenden compensar y remediar los efectos de ese comportamiento empresarial.
Pero muchas personas a las que se les ha destrozado la vida, vuelven a sentirse traumatizadas.
Sinisi dijo que a ella y a otros padres que se les ha dejado en la oscuridad, desinformados o, peor a煤n, tratados como una molestia por los funcionarios responsables del dinero.
“Te ven como un padre enfadado que ha perdido a su hijo”, afirm贸, “en lugar de como un ciudadano preocupado que quiere que las cosas cambien para otras madres, padres y sus hijos”.
En Michigan, incluso la (OAC) del estado, encargada de evaluar el uso del dinero de los acuerdos, ha tenido problemas para hacer un seguimiento del dinero.
Durante los seis meses posteriores a que la legislatura estatal asignara $39 millones de los fondos del acuerdo al departamento de salud, el verano pasado, se hizo p煤blica muy poca informaci贸n sobre c贸mo se gastar铆a ese dinero. No hubo comunicados de prensa. No hubo forma de que las organizaciones solicitaran fondos.
“No podemos identificar realmente el impacto de esos fondos si no sabemos c贸mo se est谩n utilizando”, se帽al贸 la doctora , presidenta de la OAC y m茅dico especialista en adicciones.
Con la escasa supervisi贸n a nivel nacional, muchos temen que el dinero se destine a iniciativas que, seg煤n las investigaciones, son en su mayor铆a in煤tiles, pero que encajan con la tendencia pol铆tica local, como detener a los consumidores de drogas, ampliar las c谩rceles y favorecer la recuperaci贸n basada 煤nicamente en la abstinencia . Es posible que se destinen al postor m谩s ruidoso, como a empresas que prometen encontrar el pr贸ximo tratamiento innovador y a centros de rehabilitaci贸n 鈥攁lgunos de ellos 鈥 que aspiran al dinero.
Por no hablar de la preocupaci贸n de que el dinero vaya a parar a actividades que poco o nada tienen que ver con el tratamiento de los opioides: la construcci贸n de nuevos estadios o escuelas p煤blicas. En los a帽os 90, estas prioridades presupuestarias dom茅sticas de lo que los estados obtuvieron de las empresas tabaqueras en el acuerdo nacional sobre el tabaco, dejando poco para los programas antitabaco.
Los fondos del acuerdo sobre opioides ser谩n diferentes, aseguraron los fiscales generales que lucharon por ellos. Adem谩s de exigir que al menos el 85% del dinero se utilice en gastos relacionados con los opioides, la mayor铆a de los acuerdos incluye una , como el aumento del tratamiento de la adicci贸n para las personas sin seguro y la ampliaci贸n de las viviendas para la recuperaci贸n.
“Quer铆amos dar a los estados flexibilidad en cuanto a los enfoques que quer铆an adoptar”, garantizando al mismo tiempo que el dinero no se destinara a “aliviar el impuesto de sociedades”, como ocurri贸 con el dinero del tabaco, explic贸 el fiscal general de Carolina del Norte, , que dirigi贸 las negociaciones de los acuerdos nacionales.
Pero la aplicaci贸n de la norma del 85% se deja, curiosamente, que pagaron el dinero. Seg煤n expertos jur铆dicos, es poco probable que se mantengan vigilantes.
El dinero ya est谩 comprometido y, para muchas de estas empresas multimillonarias, los acuerdos son calderilla, morralla, suelto (o cualquiera de las palabras con que cuenta el espa帽ol para designar a una cantidad de dinero insignificante). Por ejemplo, Johnson & Johnson deber谩 pagar $5,000 millones en nueve a帽os; pero la empresa de casi $95,000 millones s贸lo el a帽o pasado.
El nuevo panorama
A medida que empiezan a llegar los cheques, unos estados se comprometen con la transparencia, mientras que otros parecen quedarse cortos. Missouri de todos sus gastos en internet para que cualquiera pueda ver qui茅n recibe dinero, cu谩nto y para qu茅 programas. New Hampshire ya , y Colorado ha creado un para saber c贸mo se utilizan los fondos.
Otros estados, como Nevada, han adoptado un enfoque intermedio, exigiendo que los beneficiarios informen al poder legislativo o a otro organismo de supervisi贸n, pero sin garantizar que los informes se hagan p煤blicos. Algunos estados exigen auditor铆as, pero no se comprometen a enumerar gastos espec铆ficos. Otros permiten que el p煤blico solicite los informes, pero no los facilitan autom谩ticamente.
Tambi茅n hay estados muy afectados por la epidemia de opioides, como Michigan y Ohio, donde ya est谩n surgiendo problemas de transparencia. Cada estado espera recibir al menos $1,000 millones.
Cuando Poland, de la OAC de Michigan, se dio cuenta de que recib铆a poca informaci贸n sobre c贸mo se gastaban los fondos del estado, su comisi贸n decidi贸 utilizar su primer informe anual 鈥斺 para exigir mejoras. “La presentaci贸n de informes oportunos y transparentes” al p煤blico es “una responsabilidad 茅tica”, dijo, pidi茅ndoles a los legisladores una mayor supervisi贸n de los beneficiarios y crear un panel p煤blico para realizar un seguimiento de los gastos.
KHN entrevist贸 a casi una docena de personas y present贸 una solicitud de registros p煤blicos para conocer c贸mo el departamento de salud del estado est谩 gastando la asignaci贸n inicial de los fondos de liquidaci贸n de $39 millones.
Un , obtenido por KHN, muestra que desde el 9 de enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan hab铆a asignado $3,9 millones en fondos de liquidaci贸n a 35 beneficiarios. La mayor铆a son departamentos de salud locales o programas de servicios de jeringuillas que el departamento de salud del estado ha financiado previamente.
Otros $27 millones se destinan a intervenciones concretas, como el aumento de la mano de obra para el tratamiento de adicciones, la ampliaci贸n de las viviendas de recuperaci贸n y la mitigaci贸n de los da帽os del consumo de opioides con medicamentos como la naloxona.
Y, tras las preguntas de KHN, el departamento emiti贸 en el que enumeraba prioridades similares.
Esas iniciativas tienen sentido para , director del Opioid Policy Institute, con sede en Michigan, que investiga el estigma y la privacidad digital en el tratamiento de la adicci贸n. Pero le habr铆a gustado conocerlas de antemano y que se hubiera establecido un proceso claro para que los grupos pudieran solicitar los fondos. De lo contrario, organizaciones capacitadas para utilizar el dinero, para ayudar a los m谩s necesitados, podr铆an perder una oportunidad 煤nica de ampliar su trabajo y salvar vidas.
El verano pasado, cuando Stoltman pregunt贸 si pod铆a solicitar los fondos, el departamento de salud le dijo que presentara una “propuesta de alto nivel” para “compartirla”, seg煤n los correos electr贸nicos revisados por KHN.
“Todo lo que sea entrar por la puerta de atr谩s me asusta”, dijo Stoltman. “Tuve suerte de encontrar con qui茅n hablar, aunque no llegara a ninguna parte”.
, director ejecutivo del Red Project de Grand Rapids, al que se concedieron unos $266,000 para mejorar la salud de las personas que consumen drogas, se帽al贸 que esperaba que el estado dispusiera de un proceso de solicitud con criterios de puntuaci贸n que explicaran por qu茅 se eleg铆a a determinados grupos. Pero, dijo, “no ha quedado claro qui茅n toma la decisi贸n y c贸mo se toma”.
, que dirige los esfuerzos del departamento relacionados con el acuerdo, cont贸 que pronto har谩 p煤blicas varias solicitudes de subvenciones competitivas para la mayor parte del dinero. No se hizo antes porque la mayor铆a de los pagos no llegaron hasta finales de 2022 y “no quer铆amos hacer comentarios sobre c贸mo iba a salir el dinero cuando no ten铆amos dinero para repartir”, a帽adi贸.
C贸mo mantener el p煤blico al margen
En Newark (Ohio), Linda Mossholder, de 75 a帽os, lleva preguntando por los d贸lares del acuerdo en las reuniones del ayuntamiento desde el verano pasado. Como voluntaria de , que sirve almuerzos gratuitos semanalmente, trabaja con muchas personas que consumen drogas y quiere que el dinero les ayude.
Mossholder viste con orgullo una camiseta en la que se lee: “Tu primer error es pensar que s贸lo soy una se帽ora mayor”. Ha hecho un seguimiento con correos electr贸nicos, mensajes de voz y solicitudes de registros p煤blicos; pero no ha obtenido una respuesta clara sobre c贸mo piensa utilizar la ciudad los casi $50,000 que ya ha recibido.
En enero, seg煤n Mossholder, el director de servicios p煤blicos de la ciudad finalmente le dijo que el plan era asignar dinero a quienes intervienen con la naloxona. Pero cuando KHN present贸 solicitudes de registros p煤blicos para confirmarlo, el auditor de la ciudad Ryan Bubb escribi贸: “No se han asignado ni gastado fondos”.
Mientras tanto, en el noreste de Ohio, una que controlar谩 millones de d贸lares del acuerdo se pas贸 una reuni贸n, en febrero, debatiendo si se debe permitir al p煤blico acceder a las grabaciones de las reuniones.
“Yo no lo abrir铆a al p煤blico, sinceramente”, dijo , miembro de la junta que representa a Eastlake, seg煤n una grabaci贸n de la reuni贸n obtenida por KHN. Otros miembros preguntaron si sus reuniones estaban sujetas a las leyes de reuniones abiertas del estado.
Moran declar贸 posteriormente a KHN: “Por supuesto que el p煤blico tiene derecho a saber c贸mo se desembolsan estos fondos”, pero a帽adi贸 que le preocupaba que las grabaciones permitieran que se interpretasen palabras “fuera de contexto”.
Al menos en Ohio, puede que eso no sea una opci贸n durante mucho m谩s tiempo.
Una demanda interpuesta por para que se facilite el acceso al p煤blico a las reuniones de otra junta 鈥攍a , que supervisa la mayor parte de los $1,000 millones previstos por el estado鈥 est谩 abri茅ndose camino en los tribunales. Un juez local rechaz贸 este mes la petici贸n de la fundaci贸n de desestimar la demanda, que “el p煤blico merece transparencia”.
Pero Connie Luck, portavoz de OneOhio, dijo que la fundaci贸n es una “organizaci贸n privada sin fines de lucro, y no una agencia gubernamental”. Hasta ahora ha permitido la a las reuniones, pero que no est谩 obligada a hacerlo.
La sentencia final en este pleito, que es el primero de este tipo para los fondos de los acuerdos sobre opioides, sentar谩 un precedente en los derechos del p煤blico a la informaci贸n a nivel nacional.
En algunas partes del pa铆s, la perspectiva de contar con dinero para tratar una epidemia que lleva mucho tiempo sin financiaci贸n suficiente trae esperanza, asegur贸 , que trabaja en sin fines de lucro que hace un seguimiento de . Cuando la gente sabe lo que est谩 ocurriendo, no s贸lo se disuade del uso indebido, sino que puede revelar 茅xitos sorprendentes, dijo.
Ese conocimiento da poder
“Estos fondos son como la llegada de la caballer铆a. Por fin obtienes alivio despu茅s de sufrir en soledad durante tanto tiempo”, coment贸 Crystal Glass, del suroeste de Virginia, que se est谩 recuperando del consumo de opioides y metanfetaminas, y que ahora trabaja como especialista en recuperaci贸n entre iguales.
Espera que los funcionarios impliquen en sus decisiones a las personas afectadas por la adicci贸n.
Como ella dice: La transparencia “es dejar que todo el mundo 鈥攔epito, todo el mundo鈥 sepa que puede formar parte de esto”.
Colleen DEGuzman y Megan Kalata de KHN colaboraron con este informe.
